El Observatorio del Frente Social y Popular relevó más de 300 pedidos de informes en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 23 de abril de 2017 y encontró como resultado que solamente fueron respondidos 47. En lo que va del 2017, cuando todavía no ha comenzado el periodo ordinario de sesiones, ya se han realizado 109 pedidos de informes sobre diversos temas.

¿Qué es un pedido de informe?

Un pedido de informe es la herramienta que un legislador tiene para obtener información de los diferentes organismos del estado provincial, y se considera sumamente importante porque es un insumo esencial a la hora de poder elaborar legislaciones contando con datos certeros.
Muchos de estos datos no son de acceso público pero deben ser brindados a los legisladores para desarrollar su tarea.

La ley 11.312 dictada en 1995 fijó al Poder Ejecutivo un plazo de 30 días, prorrogable por otros 30, para responder los pedidos de informes. Fue un intento desde la Legislatura de obtener contestaciones a los planteos formulados por diputados y senadores.

Ya en 2004 el diputado Oscar Raúl Ritter solicitaba con un proyecto de comunicación (exp. 12219) que se diera cumplimiento a la ley 11312. En 2010 María Alejandra Vucasovich volvía a solicitarlo (exp. 23885).

El diputado Oscar Urruty en octubre del 2014 acudía a recordar la ley para intentar que se dé respuesta a pedidos suyo anteriores aprobados por la cámara pero sin respuesta, lo mismo hizo el diputado Avelino Lago, en 2014 citando los expedientes que requería se contesten pues tenían aprobación.

Este año casi en una paradoja legislativa el diputado Julio Eduardo Eggimann realizó un pedido de informes sobre porque no son contestados los pedidos de informes.
Incluso en 2012 Rosario Guadalupe Cristiani ingresó un proyecto de ley (exp. 26010) para regular las respuestas a los informes, argumentando que no se cumplía la ley 11.312. En el proyecto de Cristiani se acortaba el plazo de respuesta obligatoria a 15 días, pudiendo el ejecutivo pedir una extensión. También se obligaba al ejecutivo a publicar en la web de cada cámara legislativa y en los principales periódicos de la provincia el listado de los informes no contestados.

¿Cuál es el camino que recorren los pedidos?

Los legisladores ingresan como Proyecto de Comunicación los pedidos de informe, ya sea por mesa de entrada o en el mismo recinto de la cámara, este es derivado a las comisiones correspondientes para su análisis, según la temática que aborde. Si el proyecto logra dictamen en las comisiones asignadas, es volcado a la Cámara para su aprobación. Una vez aprobado debe ser respondido por el poder ejecutivo o el organismo provincial correspondiente.

Sin embargo varios legisladores denuncian que lo estipulado en la ley 11312 no se cumple. Esto no es nuevo, pero ante cada nueva gestión se renueva la esperanza de que la ley se cumpla en tiempo y forma, sin embargo los datos parecen indicar otra cosa.

Desde que Miguel Lifschitz está al frente de la gobernación de Santa Fe solo 47 de los 117 pedidos de informes aprobados por la Cámara fueron contestados, el último de ellos fechado en el 21 de diciembre de 2016.

Pedidos y respuestas por bloque

El bloque del Frente Social y Popular de Carlos Del Frade y Mercedes Meier encabeza la lista de cantidad de pedidos de informe aprobados por la Cámara con 34, de los cuales solo fueron finalmente respondidos 13.
El sub bloque del Frente Justicialista para la Victoria logro que se aprobaran 23 pedidos de informe pero solo 7 fueron respondidos hasta el momento. Dentro del peronismo el monobloque que lidera Leandro Busatto obtuvo 4 aprobaciones a pedidos de informe pero solo uno obtuvo respuesta efectiva. Rubeo del sub bloque Partido Justicialista tuvo 12 aprobados, y dos contestados, mientras que el bloque de Julio Egimman, Juntos Por Santa Fe, recibió la aprobación de 5 pedidos de informe y dos respuestas.

Finalmente dentro del peronismo el bloque Producción y Trabajo que integra Federico Reutemman logró aprobar 3 pedidos de informe y le fueron contestados 2.
El bloque compuesto por la alianza Cambiemos obtuvo la aprobación de 11 pedidos de informes desde el 10 de diciembre y de ese total fueron respondidos 9.

En el bloque Frente Progresista Cívico y Social, lidera la cantidad de pedidos el subbloque encabezado por Santiago Mascheroni, la UCR con 7 pedidos de informes aprobados, de los cuales fueron contestados 5, por el lado de los radicales Neo llegaron 5 y se contestó solo 1, que pedía elaborar un mapa del estado de las telecomunicaciones en la provincia. El bloque de Benas, PARES, metió 3 pero ninguno fue contestado, mientras que el ARI de Ariel Bermudez llegó con 2 y uno tuvo respuesta. El bloque del PDP de Gabriel Real logro que los tres pedidos aprobados fueran contestados.

El oficialismo del Partido Socialista también preguntó y pidió informes, pero en su mayoría sobre temas vinculados a la administración nacional, como el pedido para conocer qué medidas se tomaron a nivel nacional para proteger la cadena de producción porcina. De los 6 pedidos de informes del PS aprobados en la cámara, ninguno obtuvo respuesta.

Finalmente el bloque de Ruben Giustiniani y Silvia Ausburguer con 6 pedidos de informes aprobados, recibieron la mitad de las respuestas con 3 informes contestados.

La falta de respuesta

La falta de respuesta a los pedidos de informe no es solo una cuestión administrativa, lesiona una de las facultades que tienen los legisladores y por consiguiente el derecho de sus representados.

Un ejemplo de lo que implica la falta de respuestas puede verse claramente en casos como el del accidente de Monticas. Hubo varios pedidos de informe sobre el mal funcionamiento del servicio, incluido uno de la diputada Mercedes Meier que dos semanas antes del accidente advertía que era necesario conocer los controles antes de que suceda una fatalidad.

Según el diputado Carlos Del Frade “no hay transparencia, ni responsabilidad institucional, ni acceso a la información, ni democracia, si los ejecutivos provinciales no responden los pedidos de informes. El pensamiento crítico es inherente a la libertad. Negar las respuestas es achatar la democracia y vaciar de contenidos palabras que alguna vez expresaban algo profundo como república, independencia de poderes e información pública”

Es paradójico que la administración socialista no avance en cumplir con esta ley, cuando fue la misma que en la gestión de Hermes Binner sancionó por decreto en abril de 2009 la ley de Regulacion del acceso público a la información.

En la misma se afirmaba que “para asegurar la eficacia en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es necesario determinar la forma procedimental que garantice su operatividad”, que en el caso de los pedidos de informe ya está reglamentada y solo hace falta cumplir.

También en el mismo decreto se afirmaba que “el principio republicano de gobierno establecido en el art. 1° de la Constitución de nuestra Provincia reconoce como aspecto fundamental del mismo la presunción de publicidad de la actividad estatal, de modo tal que la publicidad de los actos de gobierno se presenta como una exigencia a las autoridades y no como una prerrogativa de ellas, e importa la adopción al mismo tiempo de otro principio que es el de la transparencia del obrar de la administración”.

Ante esto, y la realidad de que gran parte de la información solicitada por los diputados provinciales no es provista por la administración provincial, rozando la figura del incumplimiento de los deberes del funcionario público ¿Qué esperanza puede tener un ciudadano común de acceder a la información que necesita?

?Descargar en PDF Informe – Santa Fe no responde – FSP