El viernes pasado visitó Carcarañá el Presidente Mauricio Macri y en su discurso, lamentablemente, volvió a ratificar el rumbo de su política. En ese sentido, insiste en la necesidad de que Santa Fe adhiera a la modificación de la ley nacional de ART. De igual manera en Santa Fe, el principal actor que pide la ejecución de esta norma es el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan y el poder económico provincial que en cada discurso extorsiona con el tema.

¿De qué se trata esta ley?

En enero de 2017, Macri modificó el Decreto 54/2017 “Régimen de Riesgos del Trabajo”, regido por la ley N° 27.348 (vigente desde 1996), y dicha modificación fue ratificada legislativamente el 15 de febrero. En la reglamentación de esta modificación se insta a las provincias a adherir a la norma para su efectivo cumplimiento. Según la administración de Mauricio Macri, hay un “abuso” de la herramienta judicial que brinda el sistema a los trabajadores. Por eso hablan de la “industria del juicio”, y aseguran que esta modificación es para “frenar la litigiosidad que genera costos parasitarios a la producción nacional” (sic).

La modificación a la Ley de ART significa, en términos claros, el cambio del Juzgador. Se pretende obstaculizar que el trabajador recurra al Poder Judicial para discutir si un reclamo por enfermedad o accidente laboral, burocratizando el sistema y poniendo trabas para hacerlo. El Gobierno quiere ser quien juzga (a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo,).

Pretende “homogeneizar” el valor de la vida de un laburante. Esta ley le quita al Trabajador el derecho constitucional de ponerse frente a un Juez Natural para reclamar la reparación económica del daño causado por una lesión y/o enfermedad psicofísica y que éste considere la mesura de los daños causado desde la perspectiva que entienda conveniente (daño emergente, lucro cesante, edad, perspectivas de vida, familia, tiempo libre) partiendo siempre de cada caso concreto.

¿Industria del juicio o juicio a la industria?

El capitalismo nos plantea la ya conocida ecuación productiva: el dueño pone el establecimiento y sus maquinarias, el trabajador pone la fuerza de trabajo. Pero, ¿quién mide que esa fuerza no sea dañada? El Estado, que a través de su poder de policía, debería establecer los límites y las condiciones de higiene y seguridad en cada una de las empresas ajustando todo los mecanismos posibles para evitar el “accidente” laboral.

El año pasado se judicializaron 120.000 casos, y se constataron 660.000 accidentes y/o enfermedades laborales denunciados y reconocidos. Las ART aceptan asistir al 3 % de los siniestros denunciados. Este significativo número se da porque el sistema organizado por el Estado tiene un claro beneficiario: el empresario. Éste no invierte en higiene y seguridad, la aseguradora no controla ni denuncia en la medida que sería necesario (se limita a aumentar la prima por aumentos del índice siniestral de cada establecimiento) y el árbitro hace que no ve.

Defendamos el trabajo y la industria nacional

Es mentira e hipócrita plantear que la industria no crece por los juicios de los trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, son las mismas medidas del Gobierno las que ponen en debilidad la producción, y particularmente la industria nacional.
Es su decisión de favorecer al capital especulativo por encima del productivo.
Es su decisión de aumentar las tarifas para hacer ganar a sus empresarios amigos.
Es su decisión de ajustar el bolsillo de los argentinos y argentinas y dejar débil al mercado interno, principal cliente de la industria local.
Es su decisión de abrir indiscriminadamente las importaciones hundiendo la fabricación nacional.
Es su política de ensañarse con los trabajadores, como lo hizo con los jubilados y lo pretende con la reforma laboral, sin entender que lo mejor que le puede pasar al país es que nuestro pueblo tenga más derechos.

Por eso seguimos insistiendo que a las extorsiones del Gobierno Nacional hay que enfrentarlas, y por eso ponemos nuestros esfuerzos en que Santa Fe no adhiera a la ley de ART, como también para que nuestro Gobernador retire la firma del Pacto Fiscal acordado con el Gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, presentamos distintos Proyectos y tomamos posición desde las bancas del Frente Social y Popular: No adherir a la ley de ART, oposición al mal llamado “consenso fiscal”, y advertimos sobre el Proyecto de Nuevo Código Procesal Laboral que presentó el Ejecutivo provincial (en el que cede a la presión nacional). También presentamos diversos proyectos para defender la salud y los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe, la industria nacional y acompañamos cada lucha de nuestro pueblo como garantía de avanzar sin volver atrás.