Las organizaciones rosarinas que integran la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” repudiaron el accionar de la justicia tucumana y solicitaron la liberación de Belén, una joven de 27 años que se encuentra detenida tras haber sufrido un aborto espontáneo.
“Pedimos la nulidad del proceso y exigimos la inmediata liberación de Belén”, afirmó Pilar Escalante, una de las integrantes de Socorristas en Red de Rosario, el espacio ofrece acompañamiento en abortos con pastillas y funciona a partir de una línea telefónica autogestionada.
Según le comentó a Rosarioplus.com, la condena de la joven tucumana demuestra la “necesidad de aprobar una ley de aborto legal, seguro y gratuito”. El año pasado, el proyecto de ley perdió por quinta vez estado parlamentario, demostrando que “no hubo intensiones políticas en tratar el tema”. Este año, se elaborará una nueva iniciativa para ser presentada en el Congreso de la Nación.
“La condena nos habla de una justicia clasista y machista”, señaló la militante del grupo feminista Mala Junta.
En la conferencia de prensa en reclamo de la liberación de Belén participaron la diputada provincial Silvia Augsburger, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, las Diputadas Alicia Gutierrez, Mercedes Meier y Verónica Benas, la concejala Norma Lopez, la Dip. Nacional Lucila De Ponti y referentes de la Campaña articulación Rosario.
Condenada por una un aborto espontáneo
Belén llegó a la guardia del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán el 21 de marzo de 2014, con dolores abdominales, y derivada luego al servicio de ginecología fue “interrogada” sobre las causas de la hemorragia. Le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo y más tarde fue acusada por personal del centro de salud y policial de haber expulsado en el baño un feto.
El 19 de abril de este año, los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, condenaron a la joven a 8 años de prisión, quien se encontraba detenida sin condena firme desde el mismo 21 de marzo de 2014, momento en que fue condenada de hecho por profesionales de la salud del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, por efectivos de la Guardia Policial de ese nosocomio y por integrantes del sistema judicial de esa ciudad. Una alianza de poder criminal
